Los trolls en internet podrían tener los días contados. El Gobierno británico se ha sumado a la lista de países que le han declarado la guerra a este tipo de usuarios en la red y ya está considerando la posibilidad de agravar algunas conductas con penas de cárcel. Su secretario de Justicia, Chris Graying reconocido al diario The Daily Mail que propondrá cuadruplicar el castigo actual de estos delitos, que irían de los seis meses de prisión a los dos años. Dependiendo del tipo.


Actualmente, la Malicious Communications Act permite la persecución de aquellos internautas especialmente ofensivos, previendo castigos de hasta seis meses de cárcel. Pero algunos críticos con esta normativa la acusaban de ser muy laxa, además de cobijar bajo el paraguas de la libertad de expresión delitos graves como el acoso o las amenazas en internet.

Este tipo de prácticas son muy habituales en redes sociales, foros, medios de comunicación y encuentros de debate. Comentarios fuera de tono, posiciones extremas y un lenguaje incorrecto son algunas de las armas que suelen utilizar los trolls en sus acciones. Muchos usuarios elevan quejas a los administradores de los servicios para que intervengan en este tipo de conductas, pero en la mayoría de ocasiones no conllevan ningún tipo de repercusión legal.

“La mayoría de este tipo de delitos en internet son muy serios porque atentan contra la intimidad y el honor”. Lo paradójico es que si los comete un periodista demandan al medio de comunicación, que termina pagando una millonada. Sin embargo, si lo hace un usuario cualquiera desde un blog o un foro, a pesar de que en muchos casos tienen una mayor capacidad de difusión, no se persigue de la misma forma”, ha explicado a Teknautas Cristina Sirera, experta en Protección de Datos y Privacidad del despacho de abogados Elzaburu.

Injurias y calumnias, los delitos informáticos más comunes
Fenómeo que pretende erradicar Chris Graying, quien ha dejado bien claro cuáles son sus intenciones: “Estos cobardes están envenenando nuestra sociedad. A ninguna persona se le permite esta conducta. Por lo tanto, tampoco debe permitirse en los medios sociales”.

Además de Gran Bretaña muchos otros gobiernos ya le han declarado la guerra a los trolls en internet. EEUU es el mejor ejemplo de esto. El estado de Arizona fue de los primeros en aprobar un proyecto de ley en este país que castigaba como delito la intención de “aterrorizar, amenazar, acosar, molestar y ofender a través de cualquier dispositivo electrónico o digital”.

Hasta los propios medios de comunicación han tomado medidas al respecto. Cansados de los comentarios maliciosos o insultantes, el pasado 2013 la revista Popular Science decidió cerrar sus comentarios indefinidamente. La razón que esgrimió por aquel entonces su directora de contenidos, Suzanne LeBarre, fue que “los trolls y el spam se adueñan siempre de las conversaciones, especialmente cuando se trata de temas controvertidos, y resultan malos para la ciencia”. Por su parte The Atlantic Wire está utilizando un algoritmo basado en los favoritos que premia los buenos comentarios posicionándolos en la parte superior. Los negativos caen entre los últimos.

Aquí en España y según el último informe publicado por la página web Delitos Informáticos los delitos más comunes en internet son el de amenazas, injurias y calumnias, que se llevan a cabo principalmente a través de foros, redes sociales, email o SMS. El pasado año sin ir más lejos la Policía registró 11.000 amenazas, que se han disparado con la aparición de las redes sociales. “Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Facebook no existía en 2004. Es normal que los delitos informáticos cambien al mismo tiempo que las nuevas tecnologías”, han explicado desde esta web.

La vulneración de derechos como el de la imagen o la intimidad están contemplados dentro de nuestras fronteras en el actual Código Civil y en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen Sin embargo, aquellos casos en los que se somete a la víctima a un escarnio público o existen elementos de desvalor o de menosprecio podrían ser punibles también penalmente. El problema (que ya viene siendo habitual), es que no existe una legislación concreta para estos supuestos.

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